El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ha publicado un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.
El borrador del Formulario 1040 para la declaración del año 2026, usado por los contribuyentes para reportar ingresos, calcular deducciones/créditos y determinar si debes pagar o recibir un reembolso, pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía estadounidense.
“Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los EE. UU. o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE. UU.?”, se lee en el borrador publicado por el IRS.
La inclusión de la pregunta forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la elegibilidad de inmigrantes para determinados beneficios fiscales y su cruzada contra la inmigración indocumentada.
El mes pasado el IRS y el Departamento del Tesoro pusieron a consideración pública varias propuestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad para créditos reembolsables del impuesto sobre la renta.
“Bajo la Administración del presidente Trump, se han acabado los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.
Las normas propuestas se aplicarían a los años fiscales que finalicen en la fecha de publicación de las regulaciones definitivas o con posterioridad a ella, indicó el IRS.
Tribunal de EU rechaza política de deportación a terceros países de Trump
Un tribunal de apelaciones estadounidense falló este viernes en contra de la política del gobierno del presidente Donald Trump que permite a las autoridades de inmigración deportar a migrantes a terceros países sin notificarles previamente ni darles la oportunidad de objetar la decisión.
Un panel de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones confirmó en gran medida el fallo de un tribunal inferior del Distrito Federal en Massachusetts, que determinó como ilegal la política emitida el año pasado.
La norma establece que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) no estaba obligado a informar a los extranjeros que serían expulsados a terceros países, siempre que sus gobiernos aseguraran que los deportados no serían perseguidos ni torturados.
“El derecho de una persona a impugnar su traslado a un país, basándose en el temor a sufrir persecución en dicho país, carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto para el traslado y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel, que votó por unanimidad en contra de la norma.
Aframe subrayó que tanto la ley como los reglamentos establecen procedimientos de audiencia para las solicitudes basadas en el temor a la persecución, sin contemplar excepciones para los traslados a terceros países.
“Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Interna de inventar tal excepción de la nada”, dictaminó el panel de apelaciones.
El gobierno de Trump ha mantenido varios pulsos judiciales por la expulsión de inmigrantes a terceros países, como se llama a los países que no son los designados en la orden de deportación de un inmigrante.
Trump ya recurrió a la Corte Suprema sobre este caso y el máximo tribunal le permitió continuar con las expulsiones de inmigrantes a terceros países, mientras el litigio sigue su curso.
Se espera que la Casa Blanca repita la estrategia legal y acuda incluso a las últimas instancias para revertir el fallo del panel de apelaciones.