La determinación fue emitida por la Jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, Tessy del Rocío Covarrubias Torres, quien dio inicio al procedimiento solicitado por la propia televisora como parte de un mecanismo para reestructurar su situación financiera.
Con esta resolución, la compañía propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego podrá negociar el pago de sus obligaciones mientras se suspenden, bajo determinadas condiciones, las acciones de embargo y ejecución sobre sus bienes.
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La deuda que originó el conflicto
El principal litigio financiero de TV Azteca está relacionado con bonos emitidos en 2017 en los mercados internacionales por un monto de 400 millones de dólares.
Los títulos fueron colocados con una tasa anual de interés de 8.25 por ciento y contemplaban pagos semestrales a inversionistas. Sin embargo, la empresa dejó de cumplir con esas obligaciones en 2020 al argumentar que la pandemia de COVID-19 afectó significativamente su capacidad financiera.
Desde entonces, los intereses acumulados incrementaron el adeudo y diversos fondos de inversión, que adquirieron esos bonos mediante filiales establecidas en Islas Caimán, han iniciado acciones legales para recuperar el dinero.
Acreedores reclaman más de 663 millones de dólares
La disputa escaló recientemente cuando un grupo de acreedores presentó una demanda ante una Corte Federal de Nueva York para solicitar una sentencia que obligue a TV Azteca al pago de aproximadamente 663 millones de dólares, cantidad que incluye el capital original y los intereses generados por el incumplimiento.
Los inversionistas también acusaron a la empresa de haber transferido activos estratégicos a una nueva subsidiaria denominada TVA III, a la que, según sostienen, fueron incorporados bienes con un valor superior al del resto de las filiales de la compañía.
Entre esos activos, señalaron, se encuentra la concesión de radiodifusión utilizada por la televisora, considerada uno de los elementos más valiosos para la operación del negocio, aunque jurídicamente las concesiones pertenecen al Estado mexicano.
Señalan posible ocultamiento de activos
En documentos presentados ante tribunales estadounidenses, los acreedores afirmaron que Ricardo Salinas Pliego y empresas vinculadas habrían implementado una estrategia para colocar activos fuera del alcance de quienes reclaman el pago de la deuda.
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Además, cuestionaron un financiamiento de hasta 290 millones de dólares obtenido por TV Azteca con Alter Bank, institución financiera con sede en Santa Lucía.
Según los demandantes, existen dudas sobre la capacidad económica del banco para otorgar un préstamo de esa magnitud y consideran que la operación podría constituir una transferencia fraudulenta, además de denunciar que la empresa ha limitado el acceso a información relacionada con ese crédito.
Reestructura también contempla nuevas prioridades de pago
Como parte del procedimiento concursal, TV Azteca reconoció que enfrenta dificultades económicas y solicitó reorganizar el orden de sus obligaciones financieras.
De acuerdo con los documentos judiciales, el crédito otorgado por Alter Bank y otros pasivos, como una deuda cercana a mil 897 millones de pesos originalmente contraída con Banco Azteca y actualmente administrada por Numchi Servicios, tendrían prioridad de pago sobre los bonos emitidos en Nueva York.
En contraste, los acreedores internacionales quedarían clasificados como deuda común sin garantía, situación que podría implicar una reducción de hasta 90 por ciento en el monto que finalmente recuperarían, según la propuesta presentada dentro del concurso mercantil.
¿Qué sigue para TV Azteca?
Con la declaración de concurso mercantil comienza formalmente la etapa de conciliación, durante la cual la empresa tendrá un plazo máximo de un año para alcanzar acuerdos con sus acreedores y definir un plan de reestructura financiera.
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Durante ese periodo permanecerán suspendidos los embargos y procedimientos de ejecución sobre los bienes de la compañía, aunque la jueza autorizó que TV Azteca continúe cubriendo aquellos pagos indispensables para mantener su operación cotidiana y conservar la liquidez necesaria para seguir funcionando.
Si al concluir el proceso no se logra un convenio con la mayoría de los acreedores, la legislación mexicana contempla la posibilidad de que la empresa sea declarada en quiebra y se inicie el procedimiento de liquidación de sus activos para cubrir, en la medida de lo posible, las obligaciones pendientes.