Guanajuato, Gto.– “Guanajuato no es una isla y no se gobierna solo“, fue uno de los posicionamientos presentados durante la mesa de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso del estado de Guanajuato, en la que legisladores locales y representantes de más de 20 colectivos feministas y de derechos humanos se reunieron para analizar tres iniciativas que proponen la despenalización del aborto voluntario y reformas a diversos ordenamientos.
Las demandas de las diversas agrupaciones feministas y de derechos humanos convergieron en una postura unificada: el Congreso de Guanajuato debe dejar de vulnerar la autonomía reproductiva y resolver el debate desde una perspectiva laica, científica y de salud pública, y no desde ideologías particulares o dogmas religiosos.
Las activistas expusieron que mantener la criminalización en el Código Penal no inhibe la práctica del aborto, sino que la precariza y empuja a la clandestinidad, ensanchando la brecha de desigualdad económica para las mujeres trabajadoras y obligando a las redes civiles a cubrir con acompañamiento los vacíos del sistema de salud pública.
Exigen acatar principios constitucionales de derechos humanos
La frase de inicio fue expuesta por la representante de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato y Amnistía Internacional México, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, quien destacó que garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres es indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva.
“Guanajuato es parte del estado mexicano y como parte del estado mexicano esta obligado a acatar y cumplir los principios constitucionales en materia de derechos humanos, Guanajuato no es una isla y no se gobierna solo”, señaló.
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En las exposiciones, Fernanda Castro, en representación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), recordó que un amparo de su organización derivó en la resolución de la SCJN que obliga al Congreso local a modificar el Código Penal. La activista enfatizó que los legisladores carecen de facultades para determinar cuándo inicia la vida y expuso las deficiencias del sistema:
“A mi organización el pasado 30 de abril, la Suprema Corte nos concedió un amparo contra los artículos del Código Penal de Guanajuato que criminalizan el aborto. Aunque este amparo brinda protección inmediata a quienes son acompañados por nuestra organización, hoy queremos decirles que no es nuestro trabajo garantizar la salud en este estado ni en el país, pero lamentablemente hemos tenido que proceder con este tipo de estrategias porque hay una omisión estatal urgente y muy grave“.
Cuestionan argumentos religiosos de la criminalización del aborto
Por su parte, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Aguilar, desmontó los argumentos religiosos al señalar que el aborto es eximido bajo seis causales en el Código de Derecho Canónico, por lo que la propia doctrina católica no respalda la criminalización de las mujeres.
“El aborto no es un pecado, la iglesia católica no condena el aborto y lo decimos desde católicas por el derecho a decidir, no nos lo hemos inventado, el aborto es despenalizado en el Código de Derecho Canónico y tiene seis causales y nosotras ya las hemos dicho (…) desde la perspectiva donde la iglesia católica no condena el aborto podemos deducir que las autoridades eclesiales consideran que quienes recurren al aborto no pueden ser condenadas ¿Por qué ustedes si condenan el aborto?“, cuestionó ante las y los legisladores.
Ante las demandas civiles, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, anunció que solicitará la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para someter a votación el dictamen en el Pleno una vez que concluyan las tres mesas de trabajo programadas.
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A este planteamiento se sumó el presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, con el fin de respaldar la propuesta y asegurar el cumplimiento en tiempo y forma del mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la sesión también participaron las diputadas Plácida Calzada Velázquez y María Eugenia García Oliveros, así como los diputados David Martínez Mendizábal y Ernesto Millán Soberanes de Morena; acompañados por la diputada Susana Bermúdez Cano, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas y la diputada Karol Jared González Márquez del PAN.
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