El paradero y la ubicación actual del almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio pasado, es todo un misterio. Ni la Fiscalía General de la República, que lo buscó para que se presentara a declarar en el juicio de los hermanos Farías Laguna a petición de la defensa de éstos, ni la Secretaría de Marina han podido ubicar —o al menos eso dicen oficialmente— en dónde está Ojeda Durán, a quien convenientemente parece habérselo tragado la tierra.
Y es que el secretario es un testigo clave en la causa penal sobre el negocio del huachicol fiscal o contrabando ilegal de combustibles entre Estados Unidos y México, pues según la versión oficial fue él quien denunció en 2024, ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, la existencia de una red de huachicol que introducía y contrabandeaba gasolinas y diésel a través de las aduanas marítimas del país, y en la que participaban funcionarios de la propia secretaria de Marina, de las Aduanas y de otras instancias federales que formaban parte del multimillonario fraude a las finanzas públicas.
Pero a pesar de tan grave denuncia, hasta el momento no consta en ningún expediente judicial o en las declaraciones presentadas por la FGR en el juicio abierto sobre esa red de huachicol fiscal, el testimonio del exsecretario de Marina ni la declaración oficial que sustente su denuncia y explique cómo fue que se enteró de la corrupción de un grupo de marinos que participaban de esa red y qué hizo al respecto, además de acudir a conversar con el entonces titular de la Fiscalía.
Si ya esa ausencia de una declaración formal por parte del almirante Ojeda Durán era algo extraño y totalmente irregular e ilegal, porque la FGR de Gertz Manero dio por buena una simple declaración verbal del entonces miembro del gabinete y no le pidió nunca que declare legalmente de acuerdo a lo que marca el procedimiento penal correspondiente, el tratamiento posterior que le ha dado la Fiscalía a cargo de la doctora Ernestina Godoy al papel de testigo y denunciante del extitular de Marina y su supuesta imposibilidad para localizarlo a partir de que la propia Semar les dijo desconocer su domicilio actual y su paradero, se vuelven todavía más sospechosos y apuntan a un claro encubrimiento y protección hacia el exsecretario.
Porque después de que los abogados defensores de Fernando Farías Laguna solicitaran en la primera audiencia de su cliente que se citara formalmente a declarar en este proceso judicial al almirante Ojeda, bajo el argumento de que él posee mucha más información de la que le dio a la FGR sobre la citada red de huachicol y de que su sobrino político, el contralmirante acusado, lo acusa de ocultar y encubrir información sobre las verdaderas cabezas que operaban el millonario contrabando de combustibles procedentes de Estados Unidos, no se entiende por qué la Fiscalía se niega a ubicar y localizar al exsecretario de Marina para que declare en el juicio abierto a partir de su supuesta denuncia.
¿A quién le conviene el silencio y la misteriosa desaparición de Rafel Ojeda Durán? ¿Por qué el principal denunciante de la red huachicolera está oculto, escondido o fugado y no se presenta voluntariamente a declarar si en realidad dijo la verdad y él no tuvo nada qué ver con la corrupción de la Marina y de otras instancias federales que facilitaban el tráfico ilegal de los combustibles y su distribución y venta ilegal en México? Y la pregunta más grave e incómoda que no responde tampoco la fiscal Godoy: ¿a quién o a quiénes se quiere proteger ocultando al exsecretario y pretendiendo reducir la operación poderosa mafia huachicolera del sexenio obradorista a los dos sobrinos de Ojeda Durán?
Porque además ese es otro tema que no encaja con las acusaciones de la Fiscalía y las afirmaciones de la propia presidenta Claudia Sheinbaum de que “hay suficientes pruebas” para inculpar a los hermanos Farías como los únicos operadores del millonario fraude a la República. Fernando y Manuel Farías Laguna, según se ha documentado, tuvieron todo el tiempo el apoyo y la confianza de su tío político, el secretario de Marina, quien los promovió, condecoró y ascendió durante su gestión, convirtiéndolos en marinos ejemplares y que operaban bajo la protección y el auspicio de su tío. ¿Si los dos hermanos eran, como ahora sostiene la FGR los cerebros que dirigían un negocio ilegal tan grande y que requería de permisos y corrupción en tantas dependencias federales, nunca se enteró de eso su padrino y promotor? ¿Por qué los ascendió y los hizo destacar en la Semar si eran los terribles delincuentes que hoy acusan la Fiscalía y la propia Presidenta?
Peor aún, Fernando Farías Laguna ha narrado, en sus declaraciones oficiales y en una entrevista que le concedió en Buenos Aires al periodista Ramón Alberto Garza recién llegado a Argentina y mucho antes de que lo expulsaran de regreso a México, que fue él quien informó al almirante secretario Ojeda de la existencia de la red de huachicol que utilizaba puertos como Manzanillo, Altamira, Ensenada y Guaymas para contrabandear combustibles en buques-tanque que pasaban por las aduanas con declaraciones falsas y sin pagar impuestos.
La versión del contralmirante ahora preso y acusado es que fue a él a quién buscó el asesinado marino Fernando Guerrero Alcantar, para contarle cómo estaban operando en los puertos aduanales la mafia del huachicol y cómo varios directivos de la Marina se habían corrompido ante las órdenes de altos personajes del gobierno federal que autorizaban la entrada de los cargamentos de contrabando de combustible. En junio de 2024, afirma Farías Laguna, él personalmente, junto con el contralmirante Guerrero Alcantar, se reunieron con el secretario Ojeda y le contaron todo lo que estaba ocurriendo en las aduanas marítimas. Existe incluso un audio de esa conversación en el que Ojeda Durán se muestra sorprendido de lo que le contaron y dice que no sabe cómo debe proceder ante la gravedad de la denuncia.
El resultado de aquella conversación, según la versión de Fernando Farías, fue que no hubo en ese momento una denuncia formal del secretario de Marina y que unas semanas después al contralmirante Guerrero lo asesinaron a balazos en Manzanillo, Colima, a donde lo habían comisionado. Pasaron todavía varios meses para que el almirante Ojeda Durán acudiera a la FGR, según la versión oficial, y le contara a Gertz Manero de la denuncia que le habían hecho sus subalternos, y extrañamente ni el exfiscal —que hoy goza de las mieles diplomáticas en Londres—, ni la fiscal Ernestina Godoy, han aclarado por qué no se citó a declarar oficialmente al extitular de Marina.
Ojeda Durán fue un secretario de Marina que, según testimonios de exintegrantes del gabinete de seguridad del presidente López Obrador, se mimetizó con el movimiento político de Morena y, transgrediendo todos los códigos navales y de lealtad patriótica, se volvió un fanático del obradorismo y adulaba constantemente al entonces presidente expresándole su convicción en la “transformación del país” y con un lenguaje totalmente militante, muy lejos de la lealtad institucional a la que están obligados los mandos navales con el país, más no con ningún partido o movimiento gobernante.
Quizás eso explique por qué hasta hoy a Rafael Ojeda Durán se le ha eximido de toda responsabilidad en la corrupción que infestó a la Marina durante su gestión y por qué nunca se le investigó ni se le quiere llamar a declarar en el proceso judicial abierto por el fraude huachicolero. Porque en ese fanatismo en el que cayó el almirante exsecretario es muy probable que, a cambio de su encubrimiento y exoneración política, él esté ocultando información sobre quiénes eran los poderosos personajes del gobierno federal y del entorno presidencial que podían mover y ordenar en las aduanas federales, en Pemex y en Hacienda para que nadie impidiera el multimillonario fraude al erario federal que durante al menos tres años estuvo ocurriendo sin que nadie en el gobierno de López Obrador hiciera nada para evitarlo.
Y la pregunta sigue siendo ¿dónde está el almirante, quién lo protege de no declarar penalmente y a quién o a quiénes protege y encubre Rafael Ojeda Durán a cambio de sacrificar a sus dos sobrinos políticos?
NOTAS INDISCRETAS…
A lo que el senador Luis Donaldo Colosio se refirió como “mamadas” cuando le preguntaron periodistas sonorenses sobre si realmente nació en Sonora, parece ser que no resultará del todo un asunto de succiones sino más bien en un tema de legalidad y, llegado el caso, hasta en un posible impedimento constitucional para que se convierta en candidato a gobernador de la entidad sonorense. Porque resulta que, a partir de la publicación de una nota en el diario “Excélsior”, en la que se revela que existe un “registro de nacimiento” de Colosio Riojas en el Hospital Humana de la Ciudad de México, fechado el 31 de julio de 1985, y que habría sido entregado a la Secretaría de Gobernación, sus afirmaciones de que él nació en Magdalena de Kino, donde nació su padre, empiezan a ser puestas en duda incluso por dirigentes de Movimiento Ciudadano en Sonora. Ese es el caso de Natalia Rivera Grijalva, excoordinadora de MC en el estado norteño, y quien sostiene que de acuerdo a los dichos del presidente del Instituto Electoral de Sonora, Neri Ruiz Arvizu, sobre los requisitos que establece la Constitución de Sonora para aspirar a la gubernatura. El acta de nacimiento, dijo la coordinadora emecista que renunció a ese partido tras hacerse oficial la intención de postular a Colosio como candidato en Sonora, “constituye inicialmente el documento idóneo para acreditar el lugar de nacimiento y hace prueba plena, salvo que exista evidencia que demuestre lo contrario”. Y es ahí donde cobra relevancia la información periodística que habla de registros del nacimiento del senador Colosio en la Ciudad de México, a pesar de que en el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación actualmente se consigna como lugar de nacimiento del senador “Magdalena de Kino, Sonora”. Pero Natalia Rivera fue más allá y planteó una segunda interrogante jurídica relacionada con la trayectoria política de Colosio Riojas en Nuevo León, donde fue diputado local, alcalde de Monterrey y actualmente representa a esa entidad en el Senado. La excoordinadora de Movimiento Ciudadano en Sonora hizo referencia al artículo 18 de la Constitución estatal y consideró que tendría que analizarse jurídicamente si el ejercicio de derechos político-electorales en otra entidad puede tener consecuencias sobre la condición de ciudadano sonorense exigida para alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 70 para acceder a la gubernatura. “Es un tema para abogados constitucionalistas”, resumió Rivera, quien tras su renuncia a MC se ha acercado al alcalde panista de Hermosillo y futuro candidato de una alianza opositora a la gubernatura, Antonio Aztiazarán. Es decir que, si bien hay cada vez más evidencias de que Dante Delgado ya pactó con el gobernador sonorense Alfonso Durazo para que le abra paso a la candidatura de Colosio y lo apoye a él para ganar la gubernatura, parece que la candidatura del senador aún tendrá que pasar por el tamiz legal y constitucional…Los dados mandaron Serpiente Doble. Caída libre.