Guanajuato, Gto.- Este miércoles 7 de enero, en una audiencia que se retrasó más de dos horas y se prolongó por más de cuatro, los propietarios de la empresa Loma de Irapuato S.A., desarrolladora del proyecto La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital, fueron vinculados a proceso penal por delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad, derivados de las acciones realizadas en dicho desarrollo inmobiliario.

Durante la audiencia de duplicidad, celebrada en las instalaciones del Poder Judicial Federal en la capital del estado, la defensa de los imputados presentó diversos documentos con los que argumentó que los permisos para el desarrollo inmobiliario fueron refrendados o tramitados en tiempo y forma, y que, en caso de carecer de validez, la responsabilidad recaería en la autoridad que los expidió. No obstante, al priorizar el cuidado del medio ambiente, el juez federal Efraín Frausto Pérez determinó la vinculación a proceso de ambos imputados.

Por su parte, el ambientalista y activista social Gustavo Lozano Guerrero, integrante de la asociación Colectiva Medioambiental y quien presentó la denuncia inicial, subrayó que se trata de la primera vinculación a proceso por un delito ambiental en el estado de Guanajuato y celebró la decisión judicial de proteger la Sierra de Santa Rosa.

“Estamos muy contentos porque, hasta donde tenemos conocimiento, nunca se había dictado en el estado de Guanajuato un auto de vinculación a proceso por un delito ambiental. Esto no significa que los imputados sean responsables del delito que se les atribuye, sino que existen elementos suficientes para que la Fiscalía continúe con la investigación de cara al proceso penal”, señaló.

Un juez federal determinó que existen elementos para investigar daños a la Sierra de Santa Rosa en el desarrollo La Cucursola.

Durante la audiencia también se dio a conocer que, debido a la naturaleza del delito, podría alcanzarse un acuerdo entre los imputados y la Fiscalía, así como con la Semarnat y la Profepa, para la remediación del daño y el pago de los costos correspondientes.

“Por lo pronto, nos congratulamos porque hoy estamos viendo los frutos del trabajo que iniciamos hace cinco años. Esperamos que, a partir de este antecedente, los procesos futuros sean mucho más ágiles y permitan una mejor defensa del medio ambiente y del territorio”, concluyó Gustavo Lozano Guerrero.

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