(La muerte tuvo permiso…)
El asesinato de la candidata Gisela Gaytán, da motivo para observar cómo en Guanajuato, está vigente y aceitado todo un engranaje institucional y mediático, para que un gobernador pueda estar en medio de las peores turbulencias o tragedias, sin que se le adjudiquen responsabilidades, ni hechos de tal magnitud, que repercutan en la estabilidad de su cargo.
Al asumir el trabajo de resguardar la gobernabilidad y la seguridad de este territorio, acaso Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, así sea por omisión, ¿sería responsable de hechos como los de Celaya? Incluso más allá de que en el trayecto otros funcionarios no hicieron su tarea: por ejemplo, su secretario de gobierno Jesús Oviedo o el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, que luego de conocer su burocrática respuesta a la solicitud del partido Morena, los hace parte del engranaje institucional que falló en la encomienda de proteger la vida de la candidata.
El Instituto Nacional Electoral, como parte de sus protocolos, elabora con anticipación un mapa de riesgos con información que proporcionan en cada distrito instancias de seguridad. Con eso busca prever escenarios y tomar medidas preventivas en aquellas localidades donde pudieran estar en riesgo la integridad de quienes intervienen en las actividades de organización y capacitación del proceso, pero también previendo que en esos sitios pudieran darse circunstancias que dificulten la instalación de las casillas, o que pudieran generarse eventos que entorpezcan el desarrollo de la jornada electoral. La zona donde se ubica San Miguel Octopan, en Celaya, es de ese tipo de demarcaciones que desde hace años la autoridad electoral considera complicadas.
¿Cómo es que el INE tiene previstas estrategias de protección de su personal que toca puertas en la zona, pero mientras tanto, el gobierno de Diego Sinhue, en esa misma región conflictiva, no anticipó medidas para resguardar la vida de los contendientes?
Un cacicazgo de apellido Montes…
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Estoy por cumplir 36 años de ejercer el periodismo (mi primer colaboración en El Nacional de Guanajuato fue en 1988), desde entonces he observado que los gobernadores han gozado de un manto de impunidad que les brindan los poderes legislativo y judicial. Así pasaba con los priistas, pero exactamente lo mismo ha sucedido en los últimos 35 años de control absoluto del PAN: desde el aficionado a las carreras de autos, Carlos Medina, pasando por Vicente Fox -con su “tierra de oportunidades” que añoraba fuéramos una especie de provincia de Texas- hasta Diego Sinhué, con sus afanes de insertar Guanajuato en la globalización -pero en el tono de quien piensa que la vida de una colectividad puede caber en un hardware-, he observado en todos esos protagonistas de la era panista una absurda paradoja: al mismo tiempo que alardean situarse en la modernidad más cosmopolita, han hecho todo lo posible por preservar un modelo político anacrónico, dinosáurico, en el que la impunidad de su cargo es la premisa principal.
Además de blindarse con los otros poderes, en ese cinturón de protección también han jugado un papel fundamental los medios de comunicación formales, como amplificadores de las versiones oficiales de la realidad. Recién con la irrupción de lo digital, por razones comerciales y no tanto por convicción, lentamente están siendo forzados a tener mayor apertura. A excepción de algún conflicto al interior de las propias élites, históricamente no ha habido una vocación por surtir a las audiencias de elementos sólidos para auscultar a los gobernadores, y a la fecha se mantiene en la opacidad su paso por el poder.
Clero y PAN: 35 años de amasiato
Ese manto de impunidad es el que ha permitido que Carlos Medina y Juan Carlos Romero lleven décadas sacándole jugo financiero y político a su autonombrado rol de tótems del conservadurismo local. Ese mismo manto mantiene a Vicente Fox twiteando sus tonterías desde paredes edificadas con dinero público; a Juan Manuel Oliva, quien con todo y su arsenal de deshonestidad y marrullerías, opera tan campante en las alcantarillas para la candidata Libia García; a Miguel Márquez, (cuyos arcos carreteros que costaron millones a los guanajuatenses no lograron nada contra huachicoleros o carteles) quien, sin mayor obstáculo, ahora regresa a su camuflaje de seminarista redentor buscando votos que lo lleven al senado.
Lo mismo ha sucedido con Diego Sinhué: al igual que sus antecesores, construyó a su alrededor una muralla que oculta sus evidentes limitaciones intelectuales y políticas, que además le permite transitar el sexenio como si anduviera turisteando en su raizer: sin compromiso, ni profundidad. Al tiempo que sus incondicionales en el poder legislativo, sus funcionarios del área de comunicación, la fiscalía de Carlos Zamarripa y toda la estructura institucional a su servicio, se encargan de que la sociedad mayoritaria no tenga acceso a datos o investigaciones que lo sometan a un verdadero escrutinio.
En pleno siglo XXI de la inteligencia artificial, en algún poblado de Guanajuato se puede masacrar a una candidata, pero el gobernador en turno preserva el privilegio virreinal de que nadie lo toque, así sea una tragedia que deberá cargar su conciencia, porque con su omisión le dio permiso a la muerte.