Guanajuato, México.- En medio de la negativa del Congreso de Guanajuato para aprobar las iniciativas sobre la despenalización del aborto y los retrasos de audiencias en la demanda de activistas contra el congreso por archivar las mismas, el derecho a decidir sin ser criminalizadas podría ser una realidad para las mujeres del estado mucho antes de lo pensado.
Aunque la audiencia de la demanda interpuesta por omisiones legislativas tras echar atrás iniciativas en la defensa de los derechos de las mujeres se retrasó y ha enfrentado constantes dilaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría obligar al Congreso para modificar las leyes sobre la penalización del aborto.
Así lo dio a conocer la Senadora de la República por Guanajuato, Martha Lucía Mícher Camarena, quien informó sobre una notificación entregada al Congreso del estado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la admisión a trámite de la Declaratoria General De Inconstitucionalidad frente a las leyes que siguen criminalizando a las mujeres en la entidad.
SCJN da 90 días al Congreso de Guanajuato para modificar leyes de penalización del aborto
La declaratoria, aseguró la senadora, es consecuencia del litigio estratégico impulsado por el organismo Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida) y la resolución de la Primera Sala de la Corte que determinó que las normas del Código Penal estatal establecidas en los los artículos 159, 160, 162 y 163 atentan contra la dignidad humana.
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Dejando claro que el derecho penal no puede ser usado para imponer una visión moral ni castigar decisiones reproductivas, la Corte dio un plazo de 90 días para que el Congreso derogue o reforme las disposiciones en el Código Penal respecto a la criminalización del aborto y la pesecusión de mujeres por hacer uso de su derecho a decidir.
De no hacerlo, la Suprema Corte de Justicia podrá invalidar las disposiciones de la normativa estatal con efectos generales en todo el estado, marcando un momento importante en el avance de los derechos de las personas gestantes.
Mientras que la federación ha mantenida abierta la posibilidad de los gobiernos estatales respecto a la legalización del aborto, activistas dejan claro que aunque este no sea un derecho de la agenda de salud pública y no sea parte de las agendas legislativas, ello no frena que el aborto se practique en el país.
Acorde con Nayelli Tello, activista en Guanajuato, mientras que los registros oficiales dan cuenta de 560 mujeres que han salido del estado para abortar, los datos de no oficiales contemplan al menos 600 casos desde el 2017, cifras que urgen acciones del estado para garantizar la salud, seguridad y dignidad de las mujeres.
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