Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Guanajuato analizó, en mesa de trabajo, la iniciativa de Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato, propuesta de manera conjunta por las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Durante el encuentro, representantes de diversas dependencias estatales y organismos autónomos coincidieron en que la propuesta plantea un cambio de paradigma en la política pública, al buscar transitar de un esquema puramente asistencialista hacia uno de empoderamiento económico, productividad y autonomía para las mujeres.
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La representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Carla Michelle Cruz Vega, destacó que la ley representa un “cambio de paradigma en la política pública, ya que transita de un enfoque asistencialista a uno de empoderamiento económico y de productividad que apuesta por las mujeres”. Esta urgencia se sustenta en que, en promedio, las mujeres en Guanajuato dedican 35.8 horas semanales al cuidado de terceros, frente a las 23.2 horas de los hombres, lo que limita su incorporación al mercado laboral. La iniciativa busca revertir esta desventaja con estímulos económicos, capacitación para el autoempleo y apoyos para el cuidado infantil.
Para garantizar la viabilidad y correcta aplicación de la ley, los participantes señalaron la necesidad de afinar conceptos técnicos y operativos. La Consejería Jurídica y el representante del DIF Estatal, Eric Guillermo Gómez Almansa, propusieron delimitar en el glosario la definición de “personas dependientes” por motivos de edad o discapacidad, a fin de evitar una saturación de solicitudes. Asimismo, sugirieron establecer una vigencia anual para la acreditación de las beneficiarias mediante la actualización del estudio socioeconómico, asegurando que los recursos públicos se sigan destinando a quienes mantengan la condición de vulnerabilidad.
En materia de coordinación institucional y duplicidad de funciones, Michel Sabalza Chávez, de la Secretaría del Nuevo Comienzo, advirtió sobre el riesgo de crear una dispersión normativa con leyes paralelas y sugirió adecuar las atribuciones de su dependencia y de la Secretaría de Economía. Por su parte, Synthia Viviana Cifuentes Adón, de la Secretaría de las Mujeres, sugirió incluir a la Secretaría de Finanzas en el comité estatal y ajustar el plazo de sus sesiones para reportar resultados con base en indicadores. A su vez, José Antonio Martínez González, de la Secretaría de Derechos Humanos, planteó acotar las funciones de su área para no duplicar tareas y enfocar sus esfuerzos en atender a grupos prioritarios como mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes y con discapacidad.
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Por parte de la Secretaría de Salud, Enedina Aguirre Salas detalló los servicios preventivos y de unidades móviles con los que cuenta la dependencia para brindar cobertura de salud integral a las mujeres bajo una política de cero rechazo. En el ámbito de los organismos autónomos, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Luis Alberto Estrella Ortega, sugirió que el titular de la Procuraduría participe como invitado permanente en el Comité Estatal de Seguimiento.
Finalmente, el representante de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, Jesús Enrique Orozco Mora, aclaró que la propuesta no contempla crear nuevas estructuras administrativas ni partidas de gasto específicas, sino realizar ajustes sobre las estructuras programáticas vigentes bajo una visión de disciplina fiscal.