Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo las entrevistas a la terna de aspirantes para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control (OIC) de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODEHG).
A lo largo de la sesión, los candidatos detallaron sus planes de trabajo y dieron respuesta a los planteamientos de las y los legisladores sobre fiscalización, rendición de cuentas y atención ciudadana. A continuación, se presenta el desarrollo de las comparecencias y sus intervenciones ante la comisión.
Vida Pública
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Erika Yolanda Cerón Ramírez
Se describió a sí misma como la persona idónea para el cargo al reunir experiencia comprobada de más de 20 años y conocimiento especializado. A lo largo de su intervención, indicó que detrás de cada procedimiento existen personas que merecen ser escuchadas e insistió en que el Órgano Interno de Control debe figurar como un aliado institucional y no únicamente como una instancia sancionadora. Planteó un esquema de trabajo de cinco ejes centrado en el fortalecimiento del control interno, la transparencia, la perspectiva de derechos humanos y la creación de un mapa de riesgos para guiar el programa anual de auditorías. Al ser consultada sobre las adecuaciones prioritarias ante la Ley de Transparencia publicada el 8 de abril, hizo referencia puntual a la reciente reforma al reglamento interno de la PRODEHG que crea la Dirección Auxiliar de Transparencia y Protección de Datos Personales, proponiendo un reacomodo del área y la vigilancia del cumplimiento de las nuevas obligaciones.
El diputado Sergio Alejandro Contreras le planteó un escenario en el que detectar una irregularidad grave atribuible al titular de la PRODEHG pudiera generar una crisis institucional, cuestionando qué privilegiaría y qué procedimiento concreto iniciaría. La aspirante respondió que “tendríamos que irnos muy por el caso en particular” y que “al momento de ponderar daños, también establecería todos los pros, los contras“, concluyendo que, por tratarse de una falta grave, el caso se enviaría al Tribunal de Justicia Administrativa, que es la autoridad que calificaría lo procedente. Al abordar el diseño de la evaluación institucional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks le preguntó cómo validaría los indicadores de gestión, de impacto y de desempeño. La candidata respondió que “es muy importante el diseño de indicadores a través de los programas de trabajo“. Al concluir su turno, el legislador tomó la palabra nuevamente para preguntar: “¿Cómo se deberían medir entonces?“, a lo que Cerón Ramírez enlistó la cuantificación de resoluciones emitidas, impugnadas y las que quedaron firmes.
Francisco Javier Solís Espinoza
Se presentó como actual titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivo de la PRODEHG. En su exposición, señaló de manera reiterada que “sea cual sea el rango del servidor público tiene que aplicarse el marco normativo, el principio de legalidad“, sin brindar tratos diferenciados. Al responder sobre el fortalecimiento institucional, expuso un diagnóstico sobre la normativa actual indicando que “el marco normativo del órgano interno de control es escaso“, puntualizando que se ciñen a un Código de Ética y un Código de Conducta, por lo que propuso generar lineamientos y manuales internos específicos. Indicó que la función del Órgano Interno de Control, a través de las auditorías, debe orientarse a coadyuvar para dar mejores resultados y fortalecer los procesos administrativos de la procuraduría. La diputada María Eugenia García le cuestionó cuáles acciones decidiría implementar, y en qué orden, ante una conducta que sea simultáneamente una irregularidad administrativa, una falta grave y un posible delito. En su respuesta, el aspirante indicó que lo primero sería aplicar el principio de legalidad y “aplicar tal cual el marco normativo independientemente… del cargo público que ostente la persona”, omitiendo detallar el orden cronológico o las acciones específicas para cada uno de los tres frentes jurídicos planteados. La diputada Plásida Calzada formuló el siguiente cuestionamiento: “¿Qué indicadores utilizaría para evaluar el desempeño del órgano interno de control y cómo demostraría que su actuación genera valor público y mejora continua?“. En su momento de respuesta, el candidato declaró textualmente: “Algo que señalar aquí sobre el tema de las declaraciones patrimoniales es que la PRODEHG no está conectada a la Plataforma Estatal Digital“, añadiendo que la procuraduría debería integrarse a dicha plataforma para revisar la evolución patrimonial.
Jesús Ricardo Santos Hernández
Presentó una trayectoria como abogado postulante independiente, docente y ex servidor público. Durante su comparecencia solicitó hacer las cosas “descomplicadas“, sin una “cara acartonada“, y definió su propuesta de servicio argumentando: “tengo que ser pueblo para el pueblo, tengo que ser gente para la gente“. Propuso realizar investigaciones desde un punto de vista “forense“, basado en la observación, para identificar anomalías en menor tiempo, estableciendo que “no se trata de que se necesite investigar, se trata de que no sea necesario investigar“. Cuestionado sobre las medidas para garantizar la atención en lenguas indígenas y ajustes razonables para personas con discapacidad, propuso generar convenios con instituciones y universidades para contar con especialistas y traductores externos cuando se requieran, señalando que “es más fácil tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo“. Se le preguntó qué acciones normativas, organizativas y operativas implementaría para garantizar el acceso a la información. Para el rubro operativo, su contestación textual fue: “Operativamente, es sencillo: haz las cosas como como está establecido, ya. Vas a identificar cuáles son los perfiles que tienen mayor eficiencia haciendo estas cosas… A la gente que se le da fácil hacer algo, ni le batalla“. Al ser consultado por el diputado Romero Hicks sobre qué áreas de oportunidad identifica actualmente en el Órgano Interno de Control, a manera de autocrítica y propuesta, su respuesta inició diciendo: “Pues bueno. Yo diría que la primera oportunidad sería que me dieran la oportunidad, ¿sí?“, indicando posteriormente que desde afuera es difícil identificar procesos faltantes o sobrantes. Respecto a la metodología para distinguir entre una falta administrativa no grave, una grave y un posible hecho de corrupción, el aspirante afirmó que “todo eso se parece mucho al derecho penal“, puntualizando que la clave de la distinción radica “generalmente en los verbos“.
La comisión concluyó la fase de entrevistas e iniciará el proceso de deliberación técnica. La decisión final, que requiere mayoría calificada, será sometida a consideración del Pleno del Congreso del Estado.