1.- Más restricciones a deudores alimentarios, centro del debate que viene
Comenzó la discusión de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en Guanajuato y no parecen existir mayores obstáculos para que avance, aunque difícilmente lo hará en los términos en que fue presentada.
La iniciativa fue impulsada desde abril del año pasado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, y permaneció congelada durante más de un año. No solo plantea la creación de una ley específica, sino también diversas reformas, como al Código Civil.
Entre los cambios más relevantes destaca que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, actualmente operado por el Registro Público de la Propiedad, pase al Registro Civil. También propone endurecer las medidas contra quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, que en su inmensa mayoría son hombres, como reducir de 90 a 60 días el plazo de incumplimiento para ingresar al registro.
Pero son entre las restricciones para que los deudores obtengan licencias o permisos de conducir, además de prohibirles ser proveedores del gobierno estatal o de los municipios, donde se advierten los posibles cambios.
Diversas opiniones, incluida la de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, advirtieron que algunas de estas medidas podrían resultar contraproducentes, al limitar el acceso al trabajo y por ende dificultar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La diputada panista Susana Bermúdez Cano coincidió con esas opiniones y pidió revisar la proporcionalidad de las restricciones. Por ahora se trata apenas de una mesa de trabajo, por lo que aún habrá espacio para ajustes. Todo indica que el debate se concentrará en gran medida en el alcance de las sanciones y no en la viabilidad de la ley en general.
Sin embargo, Pedroza Orozco también aportó datos que son significativos, como que entre 2022 —cuando comenzó a operar el registro— y 2024 se iniciaron alrededor de 30 mil procedimientos relacionados con obligaciones alimentarias. Pese a ello, hasta abril de 2025 apenas había 75 personas inscritas por orden judicial; para marzo de este año la cifra ascendía a 105. Resulta difícil pensar que, frente a semejante volumen de procesos, el cumplimiento haya sido prácticamente generalizado.
La legisladora tiene razón al señalar que el registro actual no ha sido eficaz. Lo que se irá definiendo es hasta dónde pueden llegar las restricciones para hacerla efectiva sin generar efectos contraproducentes.
2.- Hackeo en León: la explicación apresurada y poco creíble
La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, salió a rechazar que la descarga de más de 178 mil formatos de atención prehospitalaria haya sido consecuencia de un hackeo. Como se anticipaba tras la postura inicial de la Secretaría de Seguridad Pública, la responsabilidad se está atribuyendo a un funcionario.
Sin embargo, si la principal prueba del gobierno municipal es el rastreo del usuario con el que se ingresó al sistema y se descargó la información, la alcaldesa parece haberse adelantado al señalar a un responsable y minimizar una vulneración que sí existió.
Como se comentó ayer en este espacio, el hecho de que se utilizara una cuenta específica resulta insuficiente para concluir quién realizó la extracción. Esas credenciales pudieron haber sido comprometidas previamente y utilizadas por terceros.
Además, el volumen de documentos que suman más de ocho gigabytes, difícilmente permite asumir, sin más elementos, que todo obedeció a una simple acción individual de un funcionario.
El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien reveló la vulneración, respondió a las declaraciones de la alcaldesa y explicó que el acceso pudo haberse logrado mediante el secuestro de credenciales, combinado con controles insuficientes dentro del sistema. Una hipótesis que el gobierno municipal no consideró.
Hay además un factor que el gobierno municipal debería valorar. La negación categórica de una vulneración puede terminar escalando. El antecedente inmediato es la Fiscalía General del Estado: primero negó el ataque, y aunque hubo un reconocimiento posterior, vino una nueva ofensiva.
Tampoco debe perderse de vista la naturaleza de la información expuesta, que debe estar en el centro de la respuesta de la alcaldesa. Los documentos no solo contienen datos sobre la atención médica brindada a las personas, sino hasta domicilios y otros datos personales que podrían ser utilizados por delincuentes.
La filtración es demasiado grave para reducirla a una explicación apresurada o minimizar sus posibles consecuencias.
3.- La CNTE aprieta y la Federación cede
Movilizados por el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato (MDTEG), adherido a la CNTE, maestros guanajuatenses también participan en las protestas masivas de la Ciudad de México, que en los últimos días han escalado tanto en intensidad como en confrontación.
Vicente Díaz Quiñones, dirigente del MDTEG, reiteró ante medios locales las principales exigencias de la CNTE: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019. Esto último implicaría la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la creación de un “nuevo” mecanismo para la asignación de plazas.
Detrás de la demanda existe una disputa de fondo por el control de esos procesos. Las plazas fueron un instrumento de premio o castigo sindical hasta que la reforma educativa impulsada en el sexenio de Peña Nieto les quitó poder. Con la reforma de 2019 recuperaron parte de la influencia perdida y ahora buscan avanzar de lleno.
El gobierno federal se repliega. Con el Mundial de Fútbol a una semana y bajo la presión de nuevas movilizaciones, ayer el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció una ruta para desaparecer la USICAMM y construir un nuevo modelo de asignación de plazas que quedaría aprobado antes de que termine el año.
La presión está dando resultados. El amago de intensificar las protestas y boicotear el Mundial aceleró la respuesta de la Federación.
Al final, la CNTE reclama compromisos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió durante su campaña. En el tema de las plazas, el gobierno parece dispuesto a ceder. Sin embargo, la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y regresar a un esquema de pensiones solidarias es otro cantar. Si esa promesa se cumple, ¿de dónde saldrán los recursos?
Contra Retrato
Arcelia González González
El próximo 15 de junio arrancará funciones Transparencia para la Gente como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Honestidad. Ese mismo día se reanudarán los plazos de los procedimientos que quedaron pendientes tras la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).
Entre el rezago que deberá atender se encuentran 496 medios de impugnación. De ellos, 42 corresponden al Poder Ejecutivo y el resto se distribuye entre municipios.
Resulta significativo que la secretaria de la Honestidad, Arcelia González González, no haya optado por absorber estas funciones mediante una subsecretaría o incluso una dirección. Se ve voluntad y se decidió crear un órgano desconcentrado, con autonomía técnica y operativa, aunque claramente menor a la que, al menos en el papel, tenía el IACIP. La autonomía desde la reforma federal quedó destruida.
Y ahora viene la prueba de fuego. Desde que se planteó la desaparición del IACIP se advirtió que el verdadero reto aparecería cuando el nuevo órgano comenzara a resolver recursos de revisión contra municipios. No tardarán en surgir inconformidades de alcaldes y ayuntamientos que consideren que alguna resolución tiene una carga política o que invade ámbitos de autonomía municipal. La sospecha estará instalada desde el inicio y cada decisión controvertida pondrá a prueba la credibilidad del nuevo modelo.
Por cierto, aún sigue pendiente el nombramiento de la persona titular. Si se optó por un órgano desconcentrado para contribuir a aumentar la credibilidad y marcar cierta distancia, es esperado que la designación responda a un perfil técnico que abone a esa legitimidad sobre resoluciones que, inevitablemente, estarán bajo escrutinio permanente.