León, Guanajuato.- Los reconocidos activistas Julio César Ofarrell y Ricardo Gallardo interpusieron una denuncia por hostigamiento, amenazas, violencia digital, acoso y homofobia contra Cecilia Garibi González, una activista que ha recibido varios contratos con instituciones gubernamentales y algunos partidos políticos para trabajar en temas relacionados con la comunidad LGBTI.
En una entrevista concedida a medios de comunicación afuera de la Fiscalía Regional A, Gallardo afirmó que desde hace un mes notaron comentarios descalificativos hacia su trabajo, publicados en sus redes sociales oficiales por el perfil de la contratista de gobierno, quien también estuvo convocando a una contramarcha el día en que estaba programado el PRIDE.
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Aunque originalmente no prestaron atención al hostigamiento, el día del evento fueron informados de que la mujer se presentó en aparente estado de ebriedad y estuvo molestando al personal organizador y a las invitadas de la comunidad muxe. Además de fotografiarlas sin su consentimiento, les hizo amenazas al afirmar que era una persona “peligrosa” y que estaba por obtener un cargo público.
El colmo para los activistas ocurrió al día siguiente de la marcha. Mientras buscaban un lugar para comer y compartieron su ubicación en redes sociales, recibieron una llamada de los dueños del establecimiento para advertirles que la mujer se había presentado en el restaurante con la intención de encontrarlos.
“Habíamos estado recibiendo ataques en redes sociales, a los que en realidad no les habíamos dado mayor atención. El día del evento se presentó alcoholizada y surgió una de las amenazas en las que mencionó que pronto íbamos a saber de ella y que contaba con respaldo del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal. También amenazó a nuestro equipo; nos mencionaron que estuvo abriendo los camerinos y metiendo el teléfono para grabar. Ya era demasiado acoso.
Un grupo de personas que participó en la marcha y no la conocía fue abordado por ella. Les mencionó que es una persona peligrosa y que pronto tendrá una función pública, además de pedirles que investigaran en su perfil personal para corroborar lo que decía. Vimos que ha tenido contacto con el municipio y el estado, y por nuestra propia seguridad venimos a levantar la denuncia, porque no sabemos hasta dónde sean sus alcances”, expresó Gallardo.
Entre los contratos obtenidos por Garibi destaca un diagnóstico integral de las necesidades y acciones a favor de las personas LGBTI+, realizado para el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), por el que recibió un millón 650 mil pesos. Además, participó como ponente en un foro sobre espacios seguros para personas vulnerables, organizado por el municipio de León el pasado 4 de junio.
Gallardo afirmó que, aunque las autoridades municipales ya estaban enteradas del comportamiento de la activista con diversas colectivas, se mantuvo su participación en el evento en el que habló sobre inclusión y protección de la población trans.
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Isaac Banda, presidente de Guanajuato Libre, afirmó también haber sido objeto de violencia digital y hostigamiento desde las cuentas personales de Garibi, a partir de la difusión de su trabajo con el Congreso local para impulsar una agenda incluyente. La situación ha sido similar con otras colectivas que trabajan en favor de los derechos LGBTI+, pues al menos seis organizaciones han sido blanco de ataques y descalificaciones en sus redes sociales oficiales.
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