De acuerdo con la información difundida sobre la revisión, ambas proveedoras no acreditaron estar al corriente con sus obligaciones fiscales ni entregaron documentación suficiente para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. También se identificaron errores en nombres y registros federales de contribuyentes durante la licitación.
Los hallazgos se suman a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un contrato distinto, adjudicado a Comercializadora Jvly para materiales de capacitación electoral, en el que se señaló un posible daño al erario por 63 millones de pesos.
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¿Qué irregularidades detectaron en el contrato de voto por internet?
La contratación del sistema de voto por internet tuvo vigencia de 2023 a 2024, durante la presidencia de Guadalupe Taddei, y contempló un monto mínimo de 2 millones 148 mil dólares y un máximo de 5 millones 217 mil dólares.
Según el reporte citado, esos importes equivalían aproximadamente a 40 millones y 97 millones de pesos, respectivamente.
La contratación fue avalada por Claudia Edith Suárez, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del INE y posteriormente dejó el cargo por motivos personales.
El OIC, encabezado por Víctor Hugo Carvente, señaló que las empresas no pudieron comprobar su situación de cumplimiento fiscal y de seguridad social. Estas observaciones corresponden al procedimiento de contratación y no constituyen, por sí mismas, una resolución penal.
ASF observa posible daño de 63 millones en otro contrato
En una revisión independiente del servicio de voto por internet, la ASF examinó una adjudicación directa por 63 millones de pesos otorgada a Comercializadora Jvly.
El contrato comprendía la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación del proceso electoral 2023-2024.
Según los hallazgos descritos, la empresa dispersó los recursos recibidos del INE entre nueve compañías y una persona vinculadas con su representante legal.
La auditoría también identificó una discrepancia en la información laboral: la proveedora declaró contar con 76 trabajadores activos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que no tenía afiliaciones.
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Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, se señalaron además inconsistencias en la documentación presentada por el INE para acreditar la entrega y recepción de materiales destinados a juntas locales y distritales, supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.
El monto observado corresponde a un posible daño patrimonial, sujeto a los procedimientos de aclaración y determinación de responsabilidades.
Comercializadora Jvly recibió contratos en tres estados
Durante 2024, Comercializadora Jvly también obtuvo contrataciones de organismos electorales locales en Puebla, Yucatán y Aguascalientes, que sumaron aproximadamente 157.6 millones de pesos.
Estas contrataciones forman parte de los antecedentes de la proveedora. Su existencia no implica que todas hayan recibido las mismas observaciones de los órganos fiscalizadores.