1.- Acoso laboral en Hospital Las Joyas: trabajadores exigen investigación
Desde hace más de un año, trabajadores del Hospital Comunitario Las Joyas solicitaron al director, Antonio Escobar Rodríguez, que se revisaran denuncias internas por presunto acoso laboral. Hasta ahora, aseguran, no ha existido una atención adecuada. Una denuncia anónima reciente profundiza en esos señalamientos.
En un documento de 19 hojas, los denunciantes afirman que, tras la queja presentada el año pasado, comenzaron actos de intimidación y represalias que atribuyen a la jefatura y supervisión del área de enfermería. Incluso sostienen que se revisaron computadoras del personal para tratar de identificar el origen de aquella denuncia.
Además, describen episodios de violencia laboral que incluyen gritos, humillaciones, amenazas y acciones orientadas a desacreditar a trabajadores. También enlistan conductas que vulneran la NOM-035, norma destinada a identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo.
Uno de los casos más delicados es el de un trabajador identificado como Jesús A, quien presuntamente se suicidó el 26 de marzo. El SNTSA Sección 37 incluso le dedicó una esquela en la que agregó la etiqueta “nueva cultura laboral”. De acuerdo con la denuncia, el trabajador atravesaba dificultades económicas que lo obligaron a buscar un segundo empleo. Esa situación derivó en complicaciones laborales dentro del hospital y en confrontaciones con la jefatura y la supervisión de enfermería. En el relato se advierte que su muerte pudo haber estado relacionada con el ambiente laboral.
Otro caso señalado es el de un enfermero que había manifestado agotamiento y problemas de salud, pero al que se le negaron permisos. Dos días después de la muerte de Jesús A, ingresó a urgencias por un evento vascular cerebral hemorrágico asociado a hipertensión arterial. La denuncia señala: “él continúa recuperándose de la cirugía que se le realizó como parte del tratamiento, por lo que se solicita que estas circunstancias sean consideradas e investigadas por las autoridades competentes dentro del análisis de los factores de riesgo psicosocial, del ambiente laboral existente en la unidad médica”.
Los denunciantes sostienen que los casos de presunta violencia y acoso laboral no son únicamente recientes. Una de las constantes descritas es la sobrecarga de trabajo, que no solo afecta al personal, sino también la calidad de la atención a los pacientes. Asimismo, denuncian presiones para abandonar el empleo mediante ataques personales o la elaboración de actas administrativas.
La denuncia también señala que el director Antonio Escobar Rodríguez, nombrado en febrero del año pasado, ha estado enterado de las inconformidades, pero se habría deslindado bajo el argumento de que no existen quejas formales.
Los trabajadores solicitan que la denuncia sea admitida y que se abra una investigación imparcial. También piden garantías de confidencialidad y protección contra posibles represalias.
La gravedad de los señalamientos debería obligar a una actuación del secretario de Salud del Estado, Gabriel Cortés Alcalá, y del secretario del SNTSA Sección 37, José Martín Cano Martínez. Lo denunciado refleja un evidente deterioro de la cultura laboral en el Hospital Comunitario Las Joyas. Más preocupante aún son las posibles consecuencias que ese ambiente podría estar teniendo en la salud física y mental de los trabajadores.
2.- Las pensiones doradas sobreviven en la UG
Las llamadas pensiones doradas no han llegado a su fin en la Universidad de Guanajuato. Como hoy informa Periódico Correo, al menos 14 extrabajadores universitarios mantienen percepciones mensuales cercanas o superiores a los 100 mil pesos.
Uno de los argumentos de la máxima casa de estudios podrá ser que esos montos no corresponden estrictamente a una pensión. El esquema funciona de otra manera: el ISSEG aporta una parte y la Universidad de Guanajuato cubre la diferencia mediante el llamado “complemento universitario”. Podrá discutirse su encuadre legal, pero en los hechos se trata de pensiones.
Entre los beneficiarios aparecen los exrectores Arturo Lara López, José Manuel Cabrera Sixto y Luis Felipe Guerrero Agripino, además de otros exfuncionarios que ocuparon posiciones estratégicas dentro de la institución.
La discusión tarde o temprano alcanzará a la rectora Claudia Susana Gómez López. Por un lado, están los derechos adquiridos de quienes accedieron a este esquema. Por otro, la viabilidad financiera de una universidad que enfrenta presiones presupuestales cada vez mayores.
También hay una contradicción. Mientras se mantienen complementos para garantizar ingresos íntegros a quienes ocuparon los cargos más altos, aumenta la dependencia de personal contratado bajo esquemas más precarios, como por honorarios, incluso para funciones permanentes, lo que supondría una irregularidad.
A ello se suma otro frente: la presión para eliminar el cobro de inscripciones tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo no obliga a la UG a cancelar esos cobros al tratarse de un caso particular, pero sí puede convertirse en combustible para un reclamo, como ya comenzó a escalar desde el Congreso.
3.- Áreas diversidad sexual en Guanajuato quedan en el discurso
“Aquí para fotos, váyanse 20 kilómetros a la redonda”, Kenya Cuevas, activista trans.
Tanto Mauricio Vargas Guzmán, titular de la Unidad de Personas de la Diversidad Sexual y Género del municipio de León, como el subsecretario para la Atención a las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado, Ricardo García Frausto, parecen tener una presencia más simbólica que operativa dentro de la administración pública.
El pasado viernes ambos acudieron a la pinta de pasos peatonales sobre el bulevar Adolfo López Mateos, una actividad que se realiza cada año como parte de las movilizaciones de colectivos de la diversidad sexual. Pese a tratarse de un evento recurrente, coordinado con autoridades, no existió el resguardo necesario para quienes realizaban la intervención.
La reconocida activista trans Kenya Cuevas terminó exhibiendo esa omisión. Reclamó la falta de protección, la ausencia de capacitación y, de paso, mandó bastante lejos a los funcionarios presentes. Tanto el representante municipal como el estatal quedaron pasmados y poco pudieron hacer para contener el momento.
García Frausto intentó intervenir para calmar los ánimos, pero recibió un reclamo directo de la activista: “es lo que tuvieron que haber hecho (el resguardo y el desvío del tráfico) como servidores públicos”.
Lo más llamativo es que no se trataba de una actividad nueva. Es un ejercicio que se repite año con año y que contaba con autorización municipal. Aun así, el gobierno de León no fue capaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad para los participantes. Peor todavía: cuando el problema se hizo evidente, tampoco hubo capacidad de reacción para resolverlo.
El episodio terminó convirtiéndose en un retrato incómodo de dos áreas creadas precisamente para atender a la población de la diversidad sexual. Porque si ante una actividad previamente acordada no pueden asegurar algo tan básico como el resguardo y el control del tránsito, resulta inevitable preguntarse para qué están ahí.
Al final, el reclamo de Kenya Cuevas tiene todo el sentido. Los funcionarios estuvieron presentes para la fotografía, pero no para garantizar que la actividad se desarrollara con seguridad. El cargo como vitrina de “activismo” pierde brillo cuando ni siquiera aparecen las gestiones más elementales.
Contra Retrato
Martha Lucía Mícher Camarena
La senadora de Morena rindió el sábado su segundo informe legislativo respaldada por una nutrida presencia de senadores morenistas, entre ellos la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, así como Virginia Magaña Fonseca, Gerardo Fernández Noroña, Armando Ayala Robles, Óscar Cantón Zetina, Beatriz Robles Gutiérrez, Nora Ruvalcaba Gámez, Simey Olvera Bautista y Emmanuel Reyes Carmona.
La movilización para llenar el recinto instalado en el estacionamiento de Mulza, en León, logró congregar a más de mil asistentes para escuchar a la legisladora guanajuatense.
La dimensión del evento alimentó las especulaciones sobre las intenciones políticas de Mícher Camarena rumbo a 2027. Sin embargo, la senadora cortó de tajo esas interpretaciones y aseguró que no buscará aparecer en ninguna boleta electoral. Aunque por sus propias declaraciones parece claro que pretende mantenerse en la actividad legislativa.
El despliegue de respaldos también puede leerse como un mensaje dirigido a los de enfrente: los llamados sheffilistas, que durante al menos tres procesos electorales han conservado la hegemonía en la definición de candidaturas en León y otras posiciones estratégicas dentro de Morena. Una muestra de fuerza y respaldo.
Por cierto, la defensa de la soberanía fue uno de los ejes recurrentes tanto en el mensaje de la senadora como en las intervenciones de los legisladores invitados. “La soberanía no es sólo un concepto jurídico; es la dignidad de un pueblo que ha sabido levantarse frente a la adversidad y que hoy sigue construyendo su futuro con libertad, justicia y esperanza”, dijo Mícher Camarena.