León, Gto.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato exigieron al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado reforzar las medidas de protección para las personas buscadoras y presentar avances en las investigaciones por asesinatos, desapariciones y agresiones cometidas contra integrantes de estos grupos.

El pronunciamiento fue emitido tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, quien fue atacada por un grupo armado la noche del pasado 23 de junio al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo.

Señalan a Guanajuato como el estado más peligroso para buscadoras

En el comunicado, los colectivos aseguraron que el homicidio de Patricia se suma al de ocho personas buscadoras asesinadas en Guanajuato desde 2018, mientras que seis más permanecen desaparecidas.

Indicaron que esta situación convierte a la entidad en la más peligrosa del país para quienes realizan labores de búsqueda de familiares desaparecidos.

Piden informe sobre investigaciones

Las organizaciones afirmaron que existe poca información pública sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los ataques contra personas buscadoras.

Por ello, solicitaron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste presentar un informe público que detalle el estado de las investigaciones, las líneas de indagación, las personas detenidas y los resultados obtenidos en estos casos.

Tras el asesinato de Patricia Negrete, las colectivas pidieron reforzar medidas de seguridad y transparentar las investigaciones por ataques contra buscadoras.

Acusan falta de justicia y protección

Los colectivos señalaron que, pese al relevo en la titularidad de la Fiscalía General del Estado, continúan prácticas que, a su juicio, dificultan el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno de Guanajuato para fortalecer de manera urgente las medidas de protección dirigidas a personas buscadoras, al considerar que realizan su labor en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos delictivos.

Finalmente, advirtieron que la falta de información y resultados en las investigaciones ha generado un ambiente de impunidad que incrementa los riesgos para quienes continúan buscando a sus familiares desaparecidos.

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