Cortazar, Gto.- A través de un video difundido en su cuenta personal de Facebook, Diego Estefanía Torres denunció públicamente ser víctima de una presunta persecución política y aseguró que ha recibido amenazas de muerte. Como parte de sus señalamientos, presentó un video en el que, según afirmó, el presidente municipal Mauricio Estefanía Torres habría intentado atropellarlo durante un encuentro ocurrido el pasado 4 de febrero.
En el mensaje, difundido a través de redes sociales, el exintegrante de Movimiento Ciudadano y actual militante del PRI hizo un recuento de los hechos que, desde su perspectiva, marcaron el rompimiento con la administración municipal. Señaló que tanto él como la síndica Damaris Salazar Balderas y la regidora Estefanía Montero comenzaron a ser excluidos de las decisiones del Ayuntamiento tras oponerse a acciones que consideraban ilegales.
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Diego Estefanía aseguró que el conflicto se agravó a finales de enero de 2026 con la remoción de la entonces tesorera municipal y, días después, con la toma de las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar (JUMAPAC), acciones que atribuyó a funcionarios del gobierno municipal y que, dijo, se realizaron sin cumplir con los procedimientos legales.
Durante la transmisión mostró diversas grabaciones que, afirmó, respaldan sus denuncias. Entre ellas destacó un video en el que sostiene que el alcalde intentó embestirlo con una camioneta cuando buscaba dialogar sobre la situación de la JUMAPAC. Indicó que dichas imágenes forman parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, afirmó que desde entonces ha sido objeto de amenazas de muerte por parte de personas relacionadas con la administración municipal, motivo por el cual presentó denuncias penales. Sin embargo, sostuvo que las investigaciones no han tenido avances y que las medidas de protección solicitadas para él, la síndica y la regidora nunca fueron otorgadas.
El político también relacionó estos hechos con el ataque armado registrado el pasado 9 de junio, en el que resultaron lesionados su hijo de ocho años y un trabajador. Aseguró que el atentado iba dirigido hacia su persona y consideró que está vinculado con el juicio de amparo promovido por el Consejo de la JUMAPAC para recuperar sus funciones.
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En su mensaje sostuvo que un juez federal ordenó la reinstalación del Consejo Directivo de la JUMAPAC mediante una suspensión provisional, resolución que, aseguró, no ha sido acatada por la mayoría del Ayuntamiento, situación que calificó como un desacato a una determinación judicial federal.
También rechazó la versión pública que ha señalado que el conflicto tiene un origen familiar y afirmó que se trata de una persecución política derivada de las denuncias y recursos legales promovidos por él y otros integrantes del Ayuntamiento.
Finalmente, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que atraigan las investigaciones. Asimismo, pidió a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, revisar personalmente los expedientes relacionados con las denuncias que ha presentado.