A través de un comunicado difundido este viernes 30 de octubre, la Cancillería mexicana recordó que la delimitación de la frontera está establecida mediante acuerdos internacionales y que ningún gobierno estatal tiene facultades para determinar por cuenta propia la soberanía de los territorios fronterizos.
“La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional”, sostuvo la dependencia.
El pronunciamiento ocurre después de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunciara que su administración había tomado control de nueve islas del río Bravo, con el argumento de reforzar la seguridad y combatir actividades ilícitas en la zona.
SRE advierte que Texas no puede decidir a quién pertenecen las islas del río Bravo
La Cancillería mexicana explicó que el Tratado de Límites de 1970, suscrito por México y Estados Unidos, establece los criterios jurídicos para determinar la frontera internacional a lo largo del río Bravo.
De acuerdo con el instrumento, el límite entre ambos países sigue el centro del cauce normal del río, por lo que la ubicación de las tierras respecto de esa línea resulta fundamental para establecer a qué nación pertenecen.
La SRE precisó que este criterio determina la soberanía territorial, independientemente de la jurisdicción que las tierras hayan tenido anteriormente.
Por ello, insistió en que las autoridades de Texas no pueden adjudicarse unilateralmente las islas ni modificar los límites reconocidos entre ambos países.
La dependencia también recordó que cualquier controversia sobre la ubicación de estos territorios debe atenderse mediante los mecanismos bilaterales establecidos.
¿Qué establece el Tratado de Límites de 1970 entre México y Estados Unidos?
El Tratado de Límites de 1970 regula aspectos de la delimitación territorial entre ambos países en los ríos Bravo y Colorado, además de establecer mecanismos para atender modificaciones y situaciones relacionadas con sus cauces.
En el caso del río Bravo, el acuerdo fija como referencia el centro del cauce normal para determinar la línea divisoria internacional.
La aplicación de estas disposiciones corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de atender los asuntos relacionados con la frontera fluvial.
Según explicó la SRE, esta comisión es la autoridad facultada por los gobiernos de México y Estados Unidos para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.
“Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, enfatizó la Cancillería.
De esta manera, el gobierno mexicano dejó claro que cualquier decisión sobre la soberanía de las nueve islas debe sustentarse en los acuerdos internacionales vigentes y no únicamente en disposiciones emitidas por Texas.
Texas anuncia control de nueve islas del río Bravo para reforzar la seguridad
La controversia comenzó cuando la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por Dawn Buckingham, anunció que nueve islas ubicadas en la zona fronteriza habían quedado bajo jurisdicción estatal.
Según la información difundida por la dependencia texana, los terrenos abarcan aproximadamente 66 acres, equivalentes a 26.7 hectáreas.
Buckingham sostuvo que la medida permitiría facilitar la intervención de autoridades estatales y federales para combatir actividades ilegales en estos espacios.
“Con una extensión total de aproximadamente 66 acres, estas islas quedan ahora bajo la jurisdicción del estado de Texas”, señaló la oficina estatal en una publicación en X.
El anuncio también contempló autorizar el acceso de personal militar a las zonas señaladas.
Sin embargo, el gobierno mexicano cuestionó las implicaciones territoriales de esta decisión y recordó que la jurisdicción sobre las islas debe establecerse conforme a los tratados bilaterales.
La declaración de Texas, por sí sola, no acredita un cambio en la frontera internacional ni resuelve la soberanía de los terrenos en disputa.