Guanajuato, Guanajuato.- Tras la publicación de una investigación de Periódico Correo que señala que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas mediante el envío de oficios a dependencias y empresas privadas, la diputada local de Morena, Maribel Aguilar, indicó que las autoridades investigadoras evaden el trabajo de campo.
Cuestionada sobre la nota en la que se documenta que la Fiscalía ha remitido dichos requerimientos durante seis años a distintas instancias gubernamentales e, incluso, a empresas como Totalplay y Turistar, la legisladora apuntó que los trámites administrativos no sustituyen la obligación institucional de investigar.
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“Yo no me basaría en mandar papelitos de información o de solicitud porque, en realidad, muchas de las veces estamos incluyendo a empresas que no tienen ese compromiso. O sea, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Ah, pues mira, estoy cumpliendo con mi trabajo porque ya mandé el oficio tal día, con tal fecha, con tal número de oficio, y no me han respondido. Pero, ¿realmente se han preocupado por hacer esa investigación personalmente? ¿O se están basando nada más en mensajes, como si fueran novios?”, cuestionó la representante morenista.
La diputada Aguilar detalló que la dependencia justifica el archivo de carpetas bajo el argumento de la rotación de personal o la supuesta falta de presupuesto. Ante ello, exigió la conformación de grupos de investigación presencial y la adquisición de herramientas de calidad, al advertir sobre el rezago en el sistema de justicia.
“No podemos dejar todo en simulaciones porque, precisamente por eso, hay tantos casos archivados: porque no se les da seguimiento ni se les da una conclusión. Que no sean simulaciones, porque ya estamos cansados los guanajuatenses de tanta simulación”, sentenció.
Si bien la diputada reconoció que “ha existido voluntad, de alguna manera, en llevar a cabo y en mejorar” la atención a la crisis de inseguridad en la entidad, expresó que las fallas persisten en los procesos de atención a las víctimas.
“Los resultados no han sido buenos al 100 por ciento. Ha habido muchas fallas, continuamos con esta problemática de inseguridad aquí, en el estado de Guanajuato. La gente lo que está esperando son resultados. Los familiares de una víctima lo primero que dicen es: ‘Tú a mí investígame, tú a mí dame respuestas. Tú a mí no me vengas a decir cómo lo vas a hacer'”, puntualizó.
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Finalmente, la legisladora de Morena hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para abandonar los trámites burocráticos, al afirmar que, cuando existe un compromiso real, “el recurso de alguna manera se estira”.
David Martínez acusa fallas del gobierno en la protección de madres buscadoras
El diputado del grupo parlamentario de Morena, David Martínez Mendizábal, aseguró que el gobierno estatal encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo ha fallado en su compromiso con las madres buscadoras, al carecer de un diagnóstico profundo y limitar su atención a reuniones superficiales con algunos grupos.
Cuestionado sobre la crisis de violencia que ha cobrado la vida de cuatro integrantes de colectivos en lo que va del año —Cecilia García Ramblas, hallada sin vida en abril; Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui, asesinadas el 9 de mayo, las tres en el municipio de Salamanca; así como el reciente caso de Martha Patricia Negrete Tafoya, en Pénjamo—, el legislador señaló que la administración estatal no comprende la complejidad ni la diversidad de los movimientos de búsqueda.
Indicó que la ausencia de una “investigación de contexto” por parte de las autoridades provoca descuidos fatales. Como ejemplo, citó el asesinato de Negrete Tafoya, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir”, quien fue atacada el pasado 23 de junio al salir de su trabajo en un hospital.
“Les hace falta afinar mucho más su perspectiva y diagnóstico sobre el problema de las buscadoras. Por eso, me parece que hay muchos descuidos que provocan los asesinatos. La investigación de contexto lo que hace es otorgar o proveer de conocimiento sobre el riesgo que implica la búsqueda”, indicó el legislador morenista.
Explicó que existen subgrupos e, incluso, rastreadoras independientes que rechazan cualquier vínculo con la autoridad y realizan su labor de manera insegura. Por ello, enfatizó que las corporaciones no deben esperar a que las víctimas soliciten protección institucional. A través del análisis de riesgo, argumentó, el gobierno debería identificar qué grupos criminales representan una amenaza directa para las buscadoras y actuar de manera proactiva.
“La relación con las buscadoras no necesariamente implica escuchar solo a quienes me buscan. Escuchar a quienes se acercan a la gobernadora y entonces tengo una reunión con diez o quince, y ya a partir de ahí tomo decisiones. No, es ir un poquito más atrás. Hace falta no solamente atender a quienes acuden a la oficina de la gobernadora, sino estudiar bien el problema y hacer una red de protección real para las personas”, puntualizó.
Finalmente, Martínez Mendizábal rechazó que la responsabilidad de esta crisis de violencia recaiga en el “Estado” como un ente abstracto y exigió que se señale directamente a la administración estatal encabezada por la gobernadora García Muñoz Ledo.
“Están asumiendo una tarea que le corresponde al gobierno. Y digo gobierno y no el Estado con ‘E’ mayúscula. No, al gobierno, porque si no, no identificamos actores, no identificamos responsables. Cuando le echamos la culpa al Estado, el Estado somos todos, ¿el Congreso del Estado, no? Entonces, sí creo que hace falta mucha más finura en el diagnóstico de la situación”, concluyó.
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