La denuncia fue difundida por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), que sostiene que la supuesta operación tendría como escenario a México, Colombia y Venezuela y buscaría deteriorar las relaciones que Moscú mantiene con gobiernos de la región.
De acuerdo con la versión rusa, un servicio de inteligencia occidental estaría coordinando la operación con sus aliados ucranianos para fabricar evidencias que permitan presentar a Rusia como responsable de suministrar armamento a cárteles y otras organizaciones criminales.
El gobierno ruso calificó el supuesto plan como una nueva “provocación antirrusa” y lo describió de manera despectiva como un “drama de narcotráfico de tercera categoría”.
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Hasta ahora, Moscú no ha identificado al supuesto país occidental involucrado ni ha presentado públicamente pruebas independientes que permitan corroborar sus acusaciones.
¿Qué dice Rusia sobre el supuesto montaje?
Según el SVR, el plan contemplaría introducir en territorio latinoamericano armas de fabricación rusa capturadas durante la guerra en Ucrania.
La inteligencia rusa sostiene que esas armas serían utilizadas posteriormente como parte de una narrativa destinada a hacer creer que Moscú mantiene operaciones clandestinas de suministro de armamento a organizaciones criminales.
El supuesto montaje también incluiría material audiovisual manipulado.
Rusia afirma que se estarían preparando grabaciones de audio y video que mostrarían, presuntamente, a ciudadanos rusos participando en operaciones para entregar armas a destinatarios latinoamericanos mediante intermediarios.
A esto se sumarían, según la denuncia, documentos falsificados destinados a relacionar a integrantes de las Fuerzas Armadas rusas con las operaciones.
El objetivo, de acuerdo con Moscú, sería construir un conjunto de evidencias aparentemente independientes que permitan presentar el supuesto tráfico de armas como una operación respaldada por el Estado ruso.
Moscú dice que la operación busca afectar sus relaciones con América Latina
El gobierno de Vladimir Putin sostiene que la finalidad política de la operación sería deteriorar los vínculos entre Rusia y los países latinoamericanos.
Según la acusación, los responsables buscarían generar dudas entre los gobiernos de la región sobre las actividades rusas y presionarlos para adoptar posiciones más cercanas a la política de Occidente frente a Moscú.
La denuncia se produce en un momento en que Rusia busca mantener y ampliar sus relaciones políticas, comerciales y militares con distintos países de América Latina.
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México, Colombia y Venezuela aparecen en la acusación rusa como los países donde presuntamente se intentaría introducir el armamento.
Sin embargo, el comunicado del SVR no aporta detalles sobre cuándo, dónde o cómo habría comenzado la supuesta operación, ni identifica a funcionarios o agencias occidentales concretas.
Por ello, las afirmaciones deben entenderse como acusaciones formuladas por las autoridades rusas, no como hechos comprobados de manera independiente.
Rusia acusa a Reino Unido de escalar la guerra con drones británicos
La denuncia sobre América Latina se produce mientras Moscú eleva también sus acusaciones contra Reino Unido por el apoyo militar que Londres proporciona a Ucrania.
La Embajada de Rusia en Reino Unido afirmó que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la guerra después de que trascendieran informaciones sobre el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra objetivos dentro de territorio ruso.
La declaración llegó después de una publicación de The Sunday Times, según la cual drones fabricados por dos empresas británicas y entregados a Ucrania habrían sido empleados en operaciones contra objetivos militares e industriales rusos. La BBC también informó sobre el uso de estos sistemas.
Moscú advirtió que las acciones británicas tendrán consecuencias y acusó al gobierno de Londres de defender públicamente una salida negociada mientras, al mismo tiempo, proporciona recursos militares a Kiev.
La disputa refleja una de las principales tensiones de la guerra: mientras los gobiernos occidentales sostienen que el apoyo militar busca ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa, Moscú considera que el suministro de armas y tecnología convierte directamente a esos países en participantes del conflicto.
Lev Shlosberg, político opositor ruso, recibe 11 años de prisión
En paralelo a las acusaciones contra Occidente y Ucrania, Rusia profundizó la presión contra sus propios opositores.
Un tribunal de Pskov condenó a Lev Shlosberg, vicepresidente del partido Yábloko y uno de los políticos rusos que han mantenido públicamente una postura contraria a la guerra en Ucrania, a 11 años y un mes de prisión.
Shlosberg, de 63 años, fue declarado culpable de cargos relacionados con el supuesto descrédito de las Fuerzas Armadas rusas y la difusión de información considerada falsa por las autoridades.
El político permaneció en Rusia después del inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, pese al endurecimiento de la represión contra quienes cuestionan la ofensiva militar.
Durante su proceso, Shlosberg defendió su postura contra la guerra y pidió el fin de las hostilidades. Su condena ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que forma parte de una campaña más amplia contra la disidencia política y la libertad de expresión en Rusia.
Yábloko queda fuera de las elecciones parlamentarias
La condena contra Shlosberg ocurrió prácticamente al mismo tiempo que el partido Yábloko perdió la posibilidad de participar en las próximas elecciones parlamentarias rusas.
El Tribunal Supremo de Rusia rechazó el recurso presentado por la formación y confirmó su exclusión de los comicios previstos para septiembre. Yábloko había buscado revertir una decisión que le impedía competir en las elecciones.
El partido es considerado la principal formación política rusa que mantiene una postura abiertamente contraria a la guerra y continúa funcionando legalmente dentro del país.
Sus dirigentes Nikolay Rybakov y Grigory Yavlinsky calificaron la condena de Shlosberg como una muestra del deterioro de la justicia rusa y aseguraron que continuarán utilizando las vías legales para intentar revertir su situación.