La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados como parte de los cambios vinculados a la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, todavía debe recibir el aval del Senado. De concretarse, la modificación abriría la posibilidad de que grandes corporaciones con créditos fiscales pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconsideren sus estrategias legales y opten por regularizar sus obligaciones.
La iniciativa también busca incentivar el pago de adeudos sin recurrir a nuevas condonaciones de impuestos, una distinción que ha generado debate político desde la reforma constitucional impulsada en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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Programa de Regularización Fiscal 2027: ¿qué cambiaría para las empresas?
La principal modificación consiste en ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al programa. Mientras que el esquema vigente limita el beneficio a empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos, la propuesta para 2027 eliminaría esa restricción.
De acuerdo con las estimaciones expuestas por el diputado Ricardo Monreal, la medida podría incorporar a poco más de 16,000 grandes empresas que, en conjunto, aportan al erario más de 2.3 billones de pesos.
El programa contempla descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que los contribuyentes cumplan con las condiciones establecidas para regularizar sus adeudos. El beneficio no implica la eliminación automática de los impuestos originalmente determinados por la autoridad fiscal.
La edición de 2026 ha beneficiado a más de 38,000 contribuyentes y generado una recaudación estimada de entre 6,000 y 6,500 millones de pesos, según las cifras citadas por Monreal.
El legislador presentó la modificación durante la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, después de una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la propuesta quedó pendiente de discusión y votación en el Senado.
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Grandes empresas con adeudos millonarios ante el SAT
La ampliación del programa podría tener un impacto considerable entre las compañías que mantienen controversias fiscales con el SAT. Al cierre del segundo trimestre de 2026, las grandes empresas acumulaban créditos fiscales por 1.11 billones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El monto representa casi cinco veces el registrado en 2019, cuando los créditos fiscales determinados para este segmento ascendían a 231,787 millones de pesos.
En el conjunto de los contribuyentes, los créditos fiscales sumaron 3.2 billones de pesos al cierre de junio de 2026, una cifra superior en más de seis veces a los 516,504 millones reportados en 2013.
Los créditos fiscales son cantidades que la autoridad determina a favor del fisco por concepto de contribuciones pendientes y, cuando corresponde, sus accesorios, entre ellos multas y recargos.
La evolución de estos adeudos constituye uno de los elementos centrales del debate sobre la conveniencia de ampliar los incentivos para el pago de obligaciones fiscales.
Descuentos en multas y recargos podrían cambiar la estrategia legal de las compañías
Uno de los posibles efectos del programa sería modificar el cálculo económico de las empresas que actualmente impugnan créditos fiscales ante los tribunales.
Jaime Espinosa de los Monteros, socio y codirector del área de Práctica Fiscal en Hogan Lovells Cadwalader en México, explicó que los accesorios de una deuda pueden representar una proporción importante del monto total, especialmente cuando se trata de créditos antiguos.
En adeudos fiscales con más de cinco años, las multas y los recargos suelen equivaler a entre 55% y 60% del total, según la información proporcionada por el especialista.
Por ello, una reducción significativa de esos conceptos podría hacer más atractivo el pago para empresas que llevan años litigando contra las resoluciones del SAT.
La decisión dependería de una evaluación de costos y beneficios: una compañía podría optar por continuar el procedimiento judicial o regularizar su situación si considera que el ahorro derivado de los estímulos fiscales supera las ventajas de mantener la controversia.
Espinosa de los Monteros señaló que este mecanismo puede representar un incentivo para que las empresas revisen sus estrategias, particularmente aquellas con créditos fiscales de gran cuantía.
¿El programa contradice la prohibición de condonar impuestos?
La ampliación del esquema ha generado cuestionamientos de la oposición, que considera que podría entrar en tensión con la prohibición de condonar impuestos aprobada en 2019.
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Ante las críticas, Ricardo Monreal sostuvo que existe una diferencia entre perdonar contribuciones y otorgar estímulos sobre los accesorios de las obligaciones fiscales. Bajo esa interpretación, el programa permitiría reducir multas, recargos y gastos de ejecución, pero no eliminar el impuesto originalmente adeudado.
Espinosa de los Monteros también distinguió entre las contribuciones y sus accesorios. Explicó que los recargos y las multas son conceptos adicionales a la obligación tributaria principal, mientras que la actualización del impuesto busca reflejar el efecto de la inflación sobre el monto pendiente.
La diferencia es relevante porque el objetivo declarado del programa consiste en facilitar la regularización de adeudos sin restablecer el esquema de condonaciones generalizadas que existió en administraciones anteriores.
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los decretos de condonación emitidos en distintos periodos permitieron que empresas obtuvieran beneficios sobre sus obligaciones fiscales. Las críticas a esos mecanismos apuntaban a que algunos contribuyentes podían aplazar sus pagos a la espera de futuras amnistías.
El nuevo esquema pretende establecer incentivos distintos, aunque su alcance y sus efectos dependerán de las reglas definitivas que se aprueben.