Tecnología vs ausencia del MP
Si bien es plausible que la fiscalía general del estado apueste por el uso tecnologías como la inteligencia artificial y todo un despliegue de herramientas de vanguardia para la recepción de denuncias, esos aires de modernidad se derrumban al conocer las condiciones que enfrentan los pobladores de al menos seis municipios de Guanajuato, donde ni siquiera hay agencias del ministerio público o es imposible presentar una denuncia en fin de semana.
Como Periódico Correo lo consigna en su edición de hoy, en Jerécuaro sus habitantes deben seguir haciendo algo tan anacrónico como tener que recorrer 35 kilómetros para llegar a Acámbaro, solo para presentar una denuncia. No existe una versión pública ni clara sobre por qué la agencia del Ministerio Público que operaba en Jerécuaro ya no volvió a abrir desde 2018, cuando cerró -vaya paradoja- debido a los altos niveles de violencia que había en los límites con Michoacán.
El caso de Jerécuaro no es el único en esta tragicomedia. En los municipios de la región noreste del estado -Santa Catarina, Atarjea, Xichú, Doctor Mora y Tierra Blanca-, quienes son víctimas de un delito en fin de semana deben esperar sentados con un café, porque ahí la “justicia” sólo trabaja de lunes a viernes. Otra opción que tienen es recorrer varias decenas de kilómetros hasta San Luis de la Paz o San José Iturbide, una condición que sin duda desalienta a las víctimas y genera mayor impunidad.
El contraste solo puede ser visto como una broma de mal gusto: una Fiscalía que presume avances tecnológicos y herramientas modernas, pero deja a cinco municipios con oficinas que trabajan como si el reloj se hubiera detenido en el siglo XX, y uno donde ni siquiera tiene presencia.
Porque claro, la inteligencia artificial puede hacer mucho, pero parece que no puede cubrir lo básico: acercar la justicia a las personas que no tienen acceso a esas tecnologías, en todos los rincones del estado, y en cualquier momento que se necesite.
Aterrizaje forzoso en Comonfort
El Ayuntamiento de Comonfort está preparado… pero no para echar a andar el proyecto de transformación del alcalde Gilberto Zárate Nieves, sino para efectuar una larga lista de despidos.
El morenista justificó en sesión que las bajas están vinculadas a diversas irregularidades, entre ellas, la presencia en nómina de ‘aviadores’.
Mientras la fracción panista del Cabildo hizo un llamado a la sensibilidad y abogó por los empleados en cuestión y sus familias, el alcalde aseguró que se trata de personas que no se presentaban a laborar, pero sí a cobrar, y sin demora acudieron a reclamar al ser advertidos sobre su baja.
Zárate Nieves agregó que a finales de la pasada administración hubo trabajadores que sin justificación alguna recibieran base. Asimismo, se detectaron administrativos con sueldos mayores a sus directivos, así como directivos que ganaban más que los regidores.
La falta de presupuesto que enfrenta el nuevo gobierno ha frenado la contratación de personal de confianza. Pero el presidente municipal reconoció que una vez hechos los ajustes necesarios (que incluyen los controversiales despidos), se ahorrarán hasta 5 millones de pesos en nómina. Este desorden en el manejo de los recursos genera fricciones al interior del Ayuntamiento, incertidumbre entre el personal, y por supuesto, obstaculiza el ya accidentado arranque de la presente administración.
Recordemos que alrededor de Gilberto Zárate se suscitaron apenas en septiembre trágicos eventos: el atentado contra su hijo y el asesinato de su entonces virtual segundo al mando, Isaac Ortega. Aunque no exista correlación entre los eventos aquí enumerados, parece que la inestabilidad amenaza con convertirse en el sello del trienio.
DD.HH. y periodistas: una iniciativa para el debate
La difusión anticipada de la iniciativa que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo estaría por presentar para reformar la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato y otros ordenamientos, con el objeto de perfeccionar el marco normativo en la entidad, ya ha motivado el descontento de activistas y organizaciones que velan por la defensa de la libertad de expresión, debido a algunas modificaciones que se plantean.
La principal inquietud se centra en la intención de reformar 11 artículos de la ley que entró en vigor en octubre de 2017, para crear el Sistema Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en lugar de constituir un mecanismo de protección similar al que existe a nivel federal, que garantice una mayor prontitud y eficiencia en la aplicación de medidas de resguardo para quienes sufren agresiones con motivo de su labor.
La creación de un sistema estatal y no un mecanismo de protección, implicará la “burocratización” de los procesos y todos los problemas que conllevan los sistemas: la obligación de atender reuniones periódicas, sin que realmente existan políticas públicas integrales y una estructura mucho más sólida, como lo demandan las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.
Se trata de un tema que no puede dejar de observar el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rolando Fortino Alcántar Rojas, ante la necesidad de convocar a todas las partes y sumarlas al debate, antes de definir el modelo que ofrezca los mejores resultados y garantice la verdadera protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
CONTRARETRATO
Enrique Díaz Díaz
La violencia se apodera de las comunidades ante la inacción de las autoridades, denunció el obispo de Irapuato, Enrique Díaz. El terrible asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en Chiapas, es una prueba de ello.
El cura de San Cristóbal encabezaba la resistencia de todo un pueblo ante los ataques de grupos criminales. Su activismo lo llevó a la muerte, y él sabía que sucedería, “le pusieron precio a mi vida”, manifestó, tras repetidas amenazas. Pérez protegía a los desplazados debido a la inseguridad, intercedió por personas arrestadas de forma injusta, dio voz a los pobres, a los pueblos indígenas
Enrique Díaz resalta este caso no sólo porque ocurrió al interior del Clero, sino porque evidencia la normalización de la violencia, el al parecer inevitable escenario en que la ciudadanía se defiende por sí misma, ya que nadie más lo hace.
“No lo vamos a resolver con besos y abrazos, se necesitan acciones concretas de seguridad. A veces pareciera que aumentar la Guardia Nacional podría solucionarlo, sin embargo, no ha solucionado ni en nuestro estado, ni en otros estados”, manifestó el obispo el pasado domingo.
Si bien, Chiapas atraviesa una crisis que podría ser la antesala de una guerra civil, dicho escenario no está muy alejado del que enfrentan otras entidades, entre ellas Guanajuato. Crímenes cada vez más atroces, hartazgo ciudadano, gobiernos locales que han perdido el control de la invasión de los cárteles, son un común denominador que se manifiesta en historias con trágicos desenlaces, como el del ejemplar Marcelo Pérez.