Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de Ley del Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, propuesta por la bancada de Movimiento Ciudadano. Durante la sesión, la diputada por MC, Sandra Alicia Pedroza Orozco, iniciante del proyecto, expuso ante representantes del Poder Judicial, Fiscalía, Poder Ejecutivo y organismos autónomos la urgencia de trasladar la administración del registro del Registro Público de la Propiedad al Registro Civil.
El proyecto propone puntos clave para aumentar la eficacia del sistema
El proyecto, que contempla reformas al Código Civil, Ley de Movilidad, Ley de Contrataciones Públicas y la creación de una Ley autónoma, propone puntos clave para aumentar la eficacia del sistema:
– Reducción del plazo: Disminuir de 90 a 60 días el tiempo de incumplimiento para que una persona sea declarada deudora alimentaria morosa.
– Fortalecimiento institucional: Trasladar la operatividad al Registro Civil por su capacidad técnica para gestionar datos personales y emitir certificados.
– Ampliación de consecuencias: Establecer restricciones para acceder a licencias de conducir y participar en procedimientos de contrataciones públicas.
Aunque las autoridades reconocieron la viabilidad constitucional, señalaron retos como la posible duplicidad con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, dudas sobre la invasión de competencias en materia procesal civil y la falta de un estudio de impacto presupuestal. Al respecto, la diputada Pedroza Orozco reconoció la necesidad de analizar estas observaciones durante el proceso de dictaminación, reiterando que la meta es dotar al mecanismo de mayor eficacia jurídica.
“No se están registrando a las personas deudoras alimentarias de manera adecuada”: Sandra Alicia Pedroza
Tras la sesión, la diputada Pedroza Orozco profundizó en entrevista sobre la ineficacia del sistema actual, señalando que las cifras oficiales contrastan con la realidad: “Es muy ilógico que solamente haya 105 personas en el registro. (…) Tenemos un índice de cifra negra muy amplio”.
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Ante la resistencia de algunas autoridades sobre los costos y esfuerzos administrativos, la legisladora fue enfática al calificar estas posturas como un “doble discurso”: “Me parece que en un tema que se refiere a protección de niñas y niños, las erogaciones, los esfuerzos, no son un gasto ni un derroche, son una inversión”. Sobre la naturaleza de las medidas propuestas, aclaró que no buscan un fin puramente punitivo, sino la creación de consecuencias reales para inhibir la morosidad. “Lo que buscan es que haya consecuencias, porque también los deudores son deudores porque no hay consecuencias al respecto”, precisó. Finalmente, sobre el impacto de la reforma en la vida pública, mencionó: “Al ser cargos públicos, sí totalmente aplicaría el padrón para impedirlos. Lo que se busca es que realmente esté funcionando y que sí haya un registro fidedigno de quién es persona deudora o no“, concluyó.