Guanajuato, Guanajuato.- Los ataques directos contra las mujeres buscadoras en el estado de Guanajuato dejan al descubierto otra crisis: la falta de evaluaciones a la Alerta de Violencia de Género, donde, pese a la instrucción de garantizar su protección, se han acumulado cuatro asesinatos y dos desapariciones en los últimos dos años.
María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró que la responsabilidad también recae en la Secretaría de las Mujeres federal, al no haber convocado a sesión con el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario para revisar el impacto de las medidas reportadas por el estado de Guanajuato, que, a su vez, ha afirmado que esa recomendación fue cumplida y está agotada al carecer de un dictamen.

“La falla no es del mecanismo, es de la autoridad. Tendríamos que ver y evaluar las acciones que ha hecho el estado para proteger. La medida es garantizar la protección de las madres defensoras buscadoras, y se tiene que revisar qué ha hecho el estado y evaluar si las medidas han sido adecuadas o si no ha hecho lo suficiente. Y si bien el estado de Guanajuato ha entregado dos informes, la Secretaría de las Mujeres no ha convocado al grupo para evaluar. Ya van casi dos años y no se ha hecho ningún dictamen”, consideró.
Mientras tanto, en el tiempo que la alerta ha permanecido activa para Guanajuato, el 100 % de los asesinatos y el 50 % de las desapariciones cometidas contra personas buscadoras en la entidad han sido contra mujeres.
Guanajuato, el estado más peligroso para buscar a tus desaparecidos
Para el investigador e integrante de la Red de Desaparecidos en Guanajuato, Fabrizio Lorusso, el reciente asesinato de la buscadora Martha Patricia Negrete Tafoya deja al descubierto no solo que el estado es uno de los más peligrosos a nivel nacional para organizarse colectivamente y buscar a sus seres queridos, sino también que el objetivo principal de esta violencia son las mujeres que se mueven frecuentemente en espacios públicos marcados por la actividad criminal.
“No se puede desligar el contexto de riesgo en el que se mueven, su presencia pública y el hecho de que busquen o hayan buscado a personas. Es un factor de riesgo ulterior, y más cuando se trata de mujeres en espacios ya de por sí peligrosos, en donde se tienen que mover y están bajo amenaza”, expresó.
La Red tiene 15 casos documentados de violencia contra personas buscadoras desde que su activismo se hizo visible en el estado, a partir de 2018; destacan nueve asesinatos y seis desapariciones, en su mayoría de mujeres. Mientras tanto, la mayor gravedad radica en la impunidad para esclarecer los hechos y en que las autoridades de procuración de justicia se limitan a emitir comunicados escuetos sobre los avances en las investigaciones, tratando siempre de matizar o negar su condición de personas buscadoras.

“Hay un patrón de impunidad, lo cual refuerza la idea de que falta protección y prevención de la violencia en contra de sectores vulnerables, pero sobre todo de mujeres y de personas buscadoras activas en el espacio público. Las autoridades comunican de una manera muy escueta y neutral las investigaciones, y en ocasiones hasta niegan o matizan el hecho de que eran buscadoras. Esto genera el mensaje de que, finalmente, la desaparición, el feminicidio u homicidio que sufrieron se debe a otros asuntos”, advirtió Lorusso.
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