“La principal función de la justicia es mantener la paz y la concordia entre los seres humanos. La finalidad de las leyes es garantizar la convivencia entre los seres humanos. Donde hay justicia, hay paz. Pero donde reina la injusticia florece el conflicto”
Conforme a la teoría pura del Derecho, expuesta por el jurista austriaco Hans Kelsen establece que el mundo del derecho como un sistema lógico, que debe estar libre de influencias políticas, sociológicas e ideológicas, prácticamente puro, dándole unidad y carácter científico, como una disciplina positivista, conocido como iuspositivismo.
Es importante recordar que la crisis constitucional, que está viviendo nuestro país. Se debe a que el Poder Judicial pretende oponerse a la reforma constitucional, olvidando su principal obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Apartándose de la teoría clásica del derecho que tiene como base; La constitución, como la Suprema Ley , así establece nuestra carta magna en su artículo 1ºPrimero:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Resulta alarmante el activismo judicial emprendido por los Juzgadores federales y locales, quienes buscan invalidar la REFORMA JUDICIAL, a toda costa, sin importar que no exista ordenamiento jurídico que se los permita, pues la ley de amparo a establecido claramente que, tratándose de adiciones o reformas a la constitución, el juicio de amparo es improcedente, aunado a ello se hace evidente un conflicto de interés, pues no pueden ser juez y parte en la resolución de dicha controversia, cuando ellos mismos son parte del problema. Se entiende su preocupación por tener que enfrentar el desempleo, y que se ven obligados a desprenderse de sus rutinas diarias, despersonalizados de la investidura que representa el portar una toga. Pero ello no justifica la resistencia a la reforma, que busca llevar a cabo la renovación del poder judicial, tema que la mayoría consideramos necesario.
Las teorías del neoconstitucionalismo no sirven de sustento suficiente, ni justifican el activismo político, que han decidido emprender los juzgadores, saliendo a marchar y protestar a las calles, desarrollando de forma irregular, y fuera de toda legalidad, pues como juzgadores están realizando un papel poco digno, fuera de toda norma. Llevando a una judicialización excesiva la reforma a la constitución, que rompe el orden constitucional, dado que el poder judicial carece de facultades para legislar invadiendo las funciones del poder legislativo. Prescindiendo de las fuentes del derecho, interpretando de forma libre, una concepción equivocada del derecho, pues los jueces, magistrados y ministros, no se consideran sujetos o sometidos a lo que establece la Constitución, en una libertad de interpretación a modo, pueden llevar a cabo una interpretación que van mas allá, trastocando el Estado de Derecho. Por eso estamos en contra del activismo judicial; la función del buen Juez es; hacer justicia y aplicar el Derecho, establecer resoluciones justas. No andar protestando en las calles, en paro de labores, negando el servicio público de impartición de justicia.
La resistencia de la JUFED, ha decidido emprender una Guerra Judicial, “lawfare”, guerra legal o jurídica. Significa el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político, por la vía judicial. Es la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente políticos. Mediante amparos promovido por los propios jueces de distrito, y concediéndose ellos mismos las suspensiones provisionales y definitivas. Buscan paralizar la reforma, atacar al ejecutivo federal, crear crisis financiera, y desprestigiar deponer al gobierno, también conocido como “golpe blando”, en sustitución al golpe de estado. Con la guerra judicial, el poder judicial pretende estar por encima de los otros dos poderes, en un proceso creciente de manipulación y cambio en los cargos de los ministros, quienes usan un doble rasero de la ley para judicializar excesivamente la política, ante la ausencia de los partidos políticos fuertes como oposición, invadiendo las facultades democráticas del poder legislativo; manipulando las divisiones internas de la sociedad, las redes sociales, y el uso de los medios de comunicación para difundir a través de supuestas “opiniones expertas”, noticias falsas, o linchamientos, las ineficiencias del gobierno, fomentando la inestabilidad social, y amenazas a la seguridad nacional.
Es claro que la justicia que aplican nuestros jueces; no está siendo satisfactoria para los mexicanos; que no sirve para contener el tejido social, generando desconfianza y omisiones, violentando el estado de derecho, no garantiza la convivencia armónica y la paz social. Donde la corrupción, el nepotismo, y el exceso de los privilegios, es lo que se percibe en la sociedad. Se entiende el porqué de una sociedad tan violenta como la nuestra, en donde de acuerdo con el informe del Centro de Investigación y Docencia (CIDE). Concluyó que para los ciudadanos; el sistema de justicia actual es lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso. Por lo que no podemos seguir aplazando la implementación y ejecución de la reforma judicial. En aras de restablecer el Estado de Derecho.